El alcalde accidental de San Roque, Juan Manuel Ordóñez, ha agradecido a la Diputación Provincial de Cádiz la dotación de fondos para paliar los efectos de la crisis sanitaria por la Covid-19. San Roque recibirá 75.082,95 euros.

El Gobierno provincial ha puesto a disposición de los 45 ayuntamientos de la provincia un total de 3 millones de euros para paliar los efectos de la crisis sanitaria, en el Plan Invierte Social post COVID-19 de la Diputación

San Roque, al igual que el resto de los ayuntamientos de los 45 municipios de la provincia de Cádiz, dispone ya del convenio para la aplicación del Plan Invierte Social post COVID-19 puesto en marcha por la Diputación.

El Gobierno de la Diputación de Cádiz, dirigido por Irene García, decidió poner en marcha este plan, dotado con 3 millones de euros de fondos propios de la institución provincial y con cargo al superávit del año anterior, con el objetivo de paliar los efectos que la crisis sanitaria ha generado en las localidades de la provincia de Cádiz.

Además, la Diputación asume el pago anticipado de la ayuda concedida, para dotar de liquidez a los ayuntamientos. La ejecución de este plan abarca hasta el 1 de septiembre de 2021.

Los gastos que el ayuntamiento va a imputar a este plan están en todos los casos relacionados con la asistencia social primaria, con conceptos como la promoción de la igualdad de género; reinserción social de personas vulnerables; gestión de servicios sociales; servicios a personas dependientes y de asistencia social; residencias de ancianos y otros de naturaleza análoga. Se permite a las entidades locales sufragar gastos corrientes de personal, contratos de servicios y ayudas a familias. En cualquier caso, cada entidad local ha gozado de una amplia libertad para decidir a qué prioridades sociales va a destinar el fondo transferido por la Diputación.

Según explica el diputado responsable de Bienestar Social, David De la Encina «las finalidades más demandadas por los municipios han sido la contratación de profesionales de los servicios sociales, bien sean trabajadores sociales para los servicios comunitarios, auxiliares de ayuda a domicilio, orientadores o personal administrativo que agilice la tramitación de los expedientes.

Otro de los conceptos demandados por numerosos consistorios ha sido la creación o refuerzo de ayudas sociales para la ciudadanía con menos recursos. También varios ayuntamientos se han decantado por destinar parte del Invierte Social post COVID-19 de Diputación a adquirir equipos de protección o a adaptar los edificios municipales a las medidas de seguridad que impone la llamada nueva normalidad.»

En lo que respecta a las cuantías a percibir por cada ayuntamiento, recuerda David de la Encina que «se ha seguido el criterio de población, no excluyendo a ningún municipio porque toda la ciudadanía merece la misma consideración, de forma que los 45 ayuntamientos percibirán los fondos procedentes del remanente de Diputación, incluyendo en el caso de Jerez, Tarifa y Barbate a sus respectivas ELA.

Con ello, “Diputación vuelve a demostrar que hacemos provincia, sin dejar a nadie atrás para salir de esta crisis social derivada del COVID». El reparto por cantidades del Plan Invierte Social post COVID-19 se determina por dos tramos: un fijo mínimo que ingresan todos los municipios y ELA, y otra cifra variable en proporción al número de habitantes.