La Sección de Policía Social de la Policía Local de San Roque ha presentado su memoria de actividad correspondiente al año 2021, en la que se deja patente la intensa labor realizada en materia de violencia de género, así como en asuntos relacionados con menores, familias y asistencia a personas con problemas mentales. Para afrontar este trabajo con éxito, estos agentes mantienen una estrecha relación con departamentos municipales como Asuntos Sociales e Igualdad y Educación.

El teniente de alcalde delegado de Seguridad Ciudadana, Juan Manuel Ordóñez, ha señalado que “los datos aportados por esta memoria dan fe de la importancia de contar con unos agentes policiales especializados en cuestiones como violencia de género y absentismo escolar. En un año marcado por el asesinato machista de nuestra vecina María Isabel, la información que aparece en esta memoria nos ayudará a evitar, en la medida de lo posible, que se repitan hechos tan dolorosos”.

En cuanto a violencia de género, en el informe se explica que durante el año pasado se realizaron junto al Centro de Información a la Mujer (CIM) y al Equipo de Familia e Infancia de Asuntos Sociales “medidas de carácter estratégico y operativo para prevenir, controlar y minimizar las posibles consecuencias negativas en la vida de muchas mujeres víctimas, así como la de sus hijos e hijas menores de edad”.

Según esta memoria, la Policía Local intervino durante 2021 en 58 casos susceptibles de ser lícitos penales de violencia de género, aunque 20 de ellos fueron descartados tras la investigación. También se apunta que esta unidad policial ha adoptado un protocolo de actuación aportado por la Secretaría de Estado de Seguridad. Este protocolo permite recoger, valorar y canalizar la información existente en cada caso para adoptar mecanismos de protección policial si así se estima necesario, incluso cuando la víctima no quiere presentar una denuncia.

Además, se procedió a la detención de ocho autores de delitos contra la mujer, que fueron puestos a disposición judicial. Asimismo, cuando un órgano judicial dicta medidas de protección, desde la Policía Social realiza al agresor una entrevista personal, en la que se le informa verbalmente del contenido de dichas medidas, y se le entrega copia por escrito.

En la memoria también se refleja que, cuando se interviene en un episodio violento, la Policía Local indaga sobre la posible existencia de menores de edad y el grado en el que pudieran estar involucrados en los hechos. El Código Penal recoge como un agravante en un delito de maltrato familiar que se realice en presencia de menores, y últimamente no sólo se tiene en cuenta la percepción visual directa, sino también su “presencia sensorial”, que posibilite que el menor sea consciente de que se está ejecutando una conducta agresiva. Según los datos de la Policía Local de 2021, se han detectado once casos con hijos menores de edad, de los que dos de ellos incluso sufrieron agresión por parte de su progenitor.

En cuanto al Plan de Acompañamiento a las Víctimas, durante 2021 se realizaron 18 acompañamientos, de los cuales: 4 fueron al Centro de Información a la Mujer; 5 a un centro médico; 6 al Puesto de la Guardia Civil; y 2 al Juzgado de lo Penal de Algeciras. También se asignó a la Policía Social el seguimiento integral de 34 mujeres víctimas de violencia de género, que se extendía también a sus hijos menores de edad.

A todas las víctimas de malos tratos se les realiza una valoración policial de riesgo, que proporciona un plan de seguridad personalizado en cada caso. Este plan recoge las medidas policiales de protección, entre las que se encuentran: contactos telefónicos y personales; entrevista con el agresor; recomendaciones sobre autoprotección para la víctima; y vigilancia del domicilio, lugar de trabajo y centros escolares de los hijos, que pueden ser esporádicas o permanentes.

Según las estadísticas, más de la mitad de las víctimas de violencia de género en San Roque (19 de 34) tienen nacionalidad española, y la mayoría se encuentran entre los 31 y los 50 años. Además, se refleja que se han realizado 27 seguimientos con orden de protección por sentencia firme, a los que añadir otros seis con medidas cautelares a la espera de juicio, mientras que un solo caso el órgano judicial no dictó medidas de protección para la víctima.

La memoria de actividad de la Policía Social durante 2021 también refleja la participación de sus integrantes en las reuniones de la Comisión de Seguimiento contra la Violencia de Género, además de haber asistido a congresos, encuentros profesionales y cursos especializados sobre violencia de género y menores.

En cuanto a la intervención con menores, la Policía Social realizó 31 actuaciones durante el año pasado. De ellos, 4 fueron por conflictos de convivencia familiar; 8 por actos vandálicos o quejas vecinales; 5 por consumo de sustancia estupefacientes o alcohol; 2 por maltrato a menores; 3 por menores en situación de desamparo o riesgo; 5 por acoso o agresiones; 3 intervenciones en centros escolares; 2 retiradas de Policía Autonómica; 2 detenciones a menores; y 4 por absentismo escolar.

El informe también deja patente que la situación de pandemia ha generado un incremento de intervenciones relacionadas con personas con problemas psicológicos o psiquiátricos. Así, hubo siete tentativas de suicidio; tres brotes psicóticos; 6 casos en los que quedó patente una merma de facultades mentales; y cuatro por problemas de ansiedad o depresión.

Asimismo, la Policía Social ha dado cobertura durante 2021 a personas transeúntes o indigentes que se hallaban en situación de emergencia social.