La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha resuelto en un auto que “no procede la suspensión” cautelar del Plan Especial de Ayala, como había solicitado la Junta de Andalucía. El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, ha celebrado esta resolución judicial, y ha criticado que el Gobierno autonómico se dedique “a bombardear la actividad y los crecimientos sostenibles” del Ayuntamiento de San Roque.
El “Plan Especial para la Declaración de Interés Público en suelo no urbanizarle ‘AYALA’, sito en Hacienda San Enrique, San Enrique de Guadiaro, y su correspondiente Estudio Ambiental Estratégico, promovidos por Ayala España, SA” se aprobó en el Pleno Ordinario de julio de 2020 con los votos a favor de 19 de los 20 concejales presentes, contándose sólo con el voto en contra del representante de Adelante San Roque.
A principios de 2021, la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio pidió al Ayuntamiento la suspensión de este acuerdo plenario, a lo que se opuso el Consistorio, por lo que el asunto ha acabado en los tribunales. En el auto de la Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda del TSJA notificado en estos días se dispone que “no procede la suspensión de la resolución impugnada”, como había solicitado la Junta de Andalucía, a la que también se le impone el pago de las costas procesales.
Entre los argumentos esgrimidos por el TSJA en el auto, destaca el siguiente: “En la propia argumentación de la petición de suspensión se contienen las razones que aconsejan su improcedencia, pues la propia parte postulante (la Junta) menciona los preceptos 40 y 24 de las Ordenanzas del Plan Especial que autorizan usos compatibles -como el hotelero- con el uso característico agropecuario, de ahí que en este juicio provisorio no se encuentren motivos para la adopción de la medida cautelar”.
En unas declaraciones al respecto, Ruiz Boix ha recordado que este Plan Especial “permite unos desarrollos agropecuarios que fijan la población, colabora en los crecimientos alrededor del mundo del caballo, y permitirá también unos desarrollos turísticos de pequeña dimensión. Y junto a ello generará actividad económica, empleo y desarrollo en una zona castigada por la crisis y que necesita de mayor impulso de todas las administraciones para conseguir elevar lo datos de empleo”.
Frente a ello, el alcalde señala que la Junta de Andalucía tiene al frente “un Gobierno que se pavonea de reducir los trámites urbanísticos, y que realmente lo que hace es impedir los desarrollos previstos por los municipios, como el de San Roque”.
“No entendemos -añadió-, cuando la próxima semana teóricamente se va a aprobar la Ley del Suelo de Andalucía que va a permitir nuevos usos y una mayor agilidad en la tramitación urbanística, como ese Gobierno se dedica a bombardear la actividad y los crecimientos y desarrollos sostenibles” de San Roque.
Argumentó el primer edil que en este municipio se da “un desarrollo sostenible reducido, con productos de alta calidad, de alto lujo, que generan importante riqueza y empleo. No entendemos el recurso que planteó la Junta de Andalucía más que en el castigo a nuestra zona, a nuestra tierra, en la discriminación constante al municipio de San Roque”, concluyó.
El Plan Especial Ayala se corresponde con unos terrenos de 155 hectáreas de extensión, situados al norte del núcleo de población de San Enrique. El objetivo es el desarrollo de pequeñas explotaciones o minifincas (de 3 hectáreas cada una) vinculadas a la actividad principal para la explotación caballar, hortofrutícola y de secano, así como instalaciones tipo establos y residencial unifamiliar orientadas a la explotación de los terrenos.
Este proyecto se considera un paso más hacia la implantación del distrito equino, ya que Ayala pretende con el mismo atraer al municipio a los equipos de polo y de otros deportes ecuestres, de manera que su implantación sería a lo largo de todo el año, y no sólo en los meses estivales coincidiendo con las competiciones. Estas minifincas serían sus bases permanentes en la zona, donde criar y entrenar a sus caballos, cuya alimentación se conseguiría de las explotaciones agrícolas situadas en estos mismos terrenos.
Del millón y medio de metros cuadrados objeto de este plan, 940.000 se destinan a uso agropecuario, a cultivos de regadío y secano. Otros 430.000 metros cuadrados serían para uso ganadero, principalmente explotaciones de carácter equino. Y, finalmente, una muy pequeña porción para la construcción de establos y viviendas unifamiliares ligadas a estas minifincas, de tres hectáreas cada una.
