El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha emitido un decreto mediante el cual, el Ayuntamiento de San Roque prorroga la vigencia de las licencias urbanísticas que cumplían a finales de este 2020. 

En concreto, se acuerda “la prórroga automática hasta el próximo día 31 de marzo de 2021 de la vigencia de las licencias urbanísticas municipales concedidas por este Ayuntamiento cuyo plazo de ejecución finalizase hasta el 31 de diciembre de 2020”.

El alcalde explicó que “se trata de una decisión que beneficiará a todos los que tenían licencias en este año 2020, a los que se va a prorrogar ese tiempo del estado de alarma en los que no hubo actividad económica, para que puedan en los próximos meses culminar esas obras y desarrollar los trabajos que tenían comprometidos”. Con ello “intentamos ayudar a los ciudadanos y empresas que tuviesen ese problema y espero que esta solución de oficio para todas las licencias urbanísticas con la prórroga de 3 meses puedan concluir sus proyectos de construcción o de reforma de viviendas”.

Recuerda el alcalde que “el año 2019 fue muy productivo en la construcción y fueron muchos los proyectos presentados para conseguir las distintas licencias urbanísticas, bien para reformas o bien para la construcción de nuevas viviendas”La llegada de la Pandemia, a principios de 2020, “ralentizó la continuidad de estas obras y construcciones debido al periodo de estado de alarma e incluso a la suspensión total de la actividad económica, lo que provocó la caducidad de muchas de esas licencias.

A mediados de este mes de diciembre, el teniente de alcalde de Urbanismo, Juan Manuel Ordóñez, solicitó los informes ante la posibilidad de acordar mediante decreto una prórroga de los plazos para todas las licencias urbanísticas concedidas por este Ayuntamiento que estén en plazo de ejecución durante este año 2020, debido al retraso provocado por el Covid.

En el informe se señala que debido al estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se adoptó una serie de medidas en relación con la limitación de la movilidad de las personas, así como de las actividades sociales y económicas, para con ello contribuir a contener el avance del virus. Entre dichas medidas se suspendían los términos y los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades de todo el sector público, salvo de las excepciones marcadas en los ámbitos señalados expresamente, en los que no se incluían los servicios de obras y urbanismo. 

En el contexto de la lucha contra el COVID-19 y respecto a los procedimientos de licencias de obras, la situación vigente se podría interpretar que por imperativo legal se deben entender suspendidos todos los plazos, tanto de tramitación de las licencias de obras solicitadas hasta la fecha, como de los plazos para la ejecución de las obras con licencias ya concedidas.