El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, ha exigido a la Junta de Andalucía que concierte las 40 plazas de la Residencia de la Fundación La Milagrosa, en San Enrique, para evitar que se convierta en una residencia privada, como viene ocurriendo en los dos últimos años, ya que el coste de la plaza se ha elevado hasta 1.800 euros al mes. El primer edil ha recordado que el Ayuntamiento ha planteado esta demanda varias veces, y que las instalaciones cumplen todos los requisitos que marca la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.

Ruiz Boix ha apuntado que, a pesar de no tener la competencia sobre residencias de mayores, San Roque es de los pocos municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes donde el Ayuntamiento tiene la titularidad de una, la de San Roque Casco, de 50 plazas.

Señaló que, sin embargo, no son suficientes para la demanda existente en el municipio, y se cuenta con una lista de espera de más de medio centenar de solicitudes.

Expuso el regidor sanroqueño que en el municipio funcionan otras dos residencias de mayores: una privada, en Campamento, y la de la Fundación La Milagrosa, de carácter público.

Recordó que esta fundación nació de la iniciativa y las donaciones de Enrique Zóbel y otros patronos vinculados a la urbanización de Sotogrande, y que la residencia se construyó en un suelo propiedad del Ayuntamiento en la barriada de San Enrique, donde reciben atención 40 personas mayores.

“La crisis -explicó el alcalde- ha hecho que desaparezcan muchos patronos, que algunos no puedan atender sus obligaciones económicas con estos abuelos. En los últimos años estamos viendo que esta residencia se está privatizando. Antes podían entrar abuelos y abuelas con dificultades económicas, que pagaban una cuantía pequeña en comparación con las exigencias de las residencias privadas. Habitualmente se exigía el 80% de la pensión de la persona usuaria, pero en la actualidad no se valora la pensión, sino que hay que pagar 1.800 euros por mantener al abuelo o abuela en la residencia”.

Ruiz Boix añadió que el Ayuntamiento conoce la situación desde hace más de dos años, y desde entonces ha planteado a la Junta de Andalucía la necesidad de que concertara las plazas de la residencia de San Enrique, ya que ésta cuenta con unas instalaciones “diseñadas de acuerdo a las exigencias de la Junta”.

De esta forma, la Comunidad Autónoma cofinanciaría el coste de las plazas y podría albergar a personas mayores con recursos económicos modestos. Sin embargo, apuntó, “la respuesta de la Junta ha sido nula”.

Admitió el primer edil que la designación del ex concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de San Roque, Pedro Mancha, como director general de Personas Mayores y Pensiones no Contributivas, dentro de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, hizo albergar la esperanza de que la Junta de Andalucía iba a ser sensible a la demanda, pero por ahora con lo único que se cuenta es “con alguna visita al centro” por parte de Mancha.

“Un gobierno socialista en el Ayuntamiento de San Roque -subrayó- no va a permitir que en un suelo público municipal se siga realizando una gestión privada, y por tanto cuanto antes queremos que esas plazas se conviertan en públicas, concertadas por la Junta”.

Por ello, el alcalde exige al Gobierno presidido por Juanma Moreno, a la Consejería de Políticas Sociales y al director general Pedro Mancha “que atiendan nuestra petición cuanto antes. No podemos permitir que únicamente puedan entrar en esas cuarenta plazas las personas con ingresos económicos altos, y no las que tienen menos ingresos a pesar de padecer la misma problemática porque no pueden pagar esos más de 1.800 euros”.

“Basta ya -dijo Ruiz Boix- de seguir potenciando la actividad privada, y vamos a solucionar esta problemática. La Junta de Andalucía ha reconocido conciertos de plazas en otros municipios, casualidad o no, gobernados por el PP. Y no atiende esta petición para un edificio que está en perfecto estado, que cumple todas las determinaciones de la Junta”.

Esta residencia, lamentó el primer edil, “no cuenta con apoyo autonómico”, lo que en su opinión supone “una discriminación clara a personas con menos recursos, y se está potenciando su uso para personas de alto poder adquisitivo, lo que no era la idea ni del Ayuntamiento ni de los patronos y Enrique Zóbel, sino más bien todo lo contrario”, concluyó.