El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, ha lamentado hoy, miércoles, haber conocido por la prensa que estaba citado para un juicio sobre el asunto del Fondo de Barril, vista que en principio se realizará el próximo lunes. Recalcó que todas sus decisiones como primer edil han estado respaldadas por informes técnicos y jurídicos, por lo que hasta ahora no ha resultado condenado en ninguna ocasión a pesar de las numerosas querellas interpuestas. En cualquier caso, preferiría contar con más tiempo para que su abogado pudiera estudiar a fondo el expediente judicial, que todavía no ha recibido.

El regidor sanroqueño ha señalado que “en el día de hoy he conocido, primero por la prensa, que estoy citado para declarar en el procedimiento que Verdemar ha emprendido contra distintas licencias de lo que se conoce como el proyecto Fondo de Barril. En este caso, por una licencia de una red de tuberías que se desarrollaban en la zona de extensión de nuestro PGOU, de la modificación del mismo que permitía sumar en el entorno del Polígono Industrial de Guadarranque 29 hectáreas de suelos industriales”.

“Esta citación -precisó- ha llegado a la prensa antes que a mí. He recibido esa notificación en el día de hoy, para que el próximo lunes 15 preste declaración en ese procedimiento que impulsa Verdemar en contra de unas resoluciones que siempre han estado avaladas por los técnicos municipales y por la asesoría jurídica de esta casa. Unas decisiones que se han tomado para facilitar y promover que exista mayor riqueza y empleo en el municipio, que es el reto principal donde debemos estar todos los responsables políticos”.
Recordó que el proyecto del Fondo de Barril “se planteó en 2010, y estamos ya en 2021. Casi once años después y todavía ese expediente no está terminado”. Apuntó Ruiz Boix que el pasado mes de octubre el proyecto obtuvo “la declaración de impacto ambiental que corresponde al Ministerio de Medio Ambiente. Y en enero de este mismo año, hace tan solo unos días, se obtuvo la autorización ambiental integrada que corresponde a la Junta de Andalucía. Ahora es cuando se inicia la tarea municipal de algunos tramites urbanísticos, y cuando se ha aprobado de forma inicial la reparcelación”.
“Un proyecto (el de reparcelación) que va a ser publicado y por tanto sometido a exposición pública, y a la posible presentación de alegaciones por parte de quien así lo desee -precisó el alcalde-. En los próximos días, cuando concluya ese periodo de exposición pública, valoraremos, si hubiese, las alegaciones que se presenten, y se determinará o no la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación”.
“Cuando concluya esa primera etapa -añadió- habrá otra segunda, de trámite administrativo conocido como estudio de detalle, que también tendrá que someterse a exposición pública. Y por tanto habrá una aprobación inicial, un estudio y valoración de las posibles alegaciones y luego, si procede, una aprobación definitiva”.
“Y el tercer y último escalón de trámites administrativos -manifestó el alcalde- será si procede la aprobación del proyecto de urbanización y la licencia de obra del proyecto”.
“Por tanto, estamos ante un Estado español social y de derecho, con muchísimas habilidades garantistas para que ese proyecto se pueda realizar con todas las garantías y todos los avales técnicos medioambientales y jurídicos que corresponden”, sostuvo.
“El día 15 -dijo Ruiz Boix- acudiré a esa citación judicial con la conciencia tranquila de que todas mis decisiones como alcalde vienen avaladas por los distintos informes técnicos y jurídicos. Sí lamento que esta citación haya llegado antes a la prensa que a mí, y sobre todo el escaso tiempo” disponible para preparar el asunto. Señaló que “ahora mismo mi abogado está trabajando en conseguir más tiempo, y conocer todo lo que haya en ese procedimiento, todas las diligencias previas que se hayan podido realizar y la cantidad ingente de papeles que compondrá ese expediente. Hasta la fecha 10 de febrero, todavía ni había sido personado ni citado ni declarado como investigado” en este asunto judicial.
Por otro lado, el regidor sanroqueño se refirió “al debate” que existe sobre la idoneidad de este proyecto. Por un lado, desde el Gobierno del Estado “apuestan por una inversión que algunos cifran en mil millones de euros”, mientras desde la Junta de Andalucía se cuenta con “el aval del proyecto estratégico, que así lo recogía una resolución del Consejo de Gobierno, señalando esa misma cifra, que no seré yo quien la avale sino que me ceñiré en las propuestas técnicas y a la petición de licencia”. En cuanto a la creación de empleos, también se habla de “un alto número”, aunque “no voy a avalar esa cifra hasta que no la constate”.
“Ese debate -añadió- ha estado durante mucho tiempo en los medios de comunicación. En algunos sectores a favor de ese proyecto se me ha tachado de que soy un obstaculizador, que frena esa inversión y que la retarda”.
Por otro lado, recordó que “existen otros grupos, que principalmente lo representan Verdemar, los ecologistas y algunos grupos asociados a los círculos de Podemos y Adelante Andalucía. Se han manifestado de forma rotunda en contra, y me denuncian y señalan que tengo según ellos complicidad en el proyecto”.
“¿A quien le digo que tiene la razón? ¿Con cual de esos dos grupos está este alcalde? -se preguntó-. Con el de la legalidad, porque todas las decisiones que yo alcanzo siempre vienen con informes técnicos y jurídicos que avalan cada una de esas resoluciones”, concluyó Ruiz Boix.