El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, ha pedido al colectivo ecologista Verdemar que explique por qué él es la única persona que aparece hoy en día en su denuncia por presuntas irregularidades en los movimientos de tierra del Fondo de Barril. Y, también, porque ha sacado de la misma a la Junta de Andalucía, cuando un técnico de la Consejería de Medio Ambiente dijo, antes de que el Ayuntamiento paralizara las obras, que en ellas no había actividad alguna. El primer edil piensa que la nueva dirección de Verdemar está actuando de forma “sesgada y sectaria”.

El regidor sanroqueño no ha ocultado que, después de conocer el trabajo de Verdemar durante décadas, sentía “admiración y respeto” hacia este colectivo ecologista “por su historia de lucha contra la contaminación y de cuidado del medio ambiente”. De hecho, valoraba su “tarea difícil contra un gigante como es el complejo industrial, y principalmente el Grupo CEPSA, que lo lidera en San Roque”. Además, recordó que este colectivo también ha ejercido su labor de control en cuestiones vinculadas al desarrollo turístico y residencial, así como en lo relativo a parajes naturales.

Sin embargo, Ruiz Boix dijo que esa buena imagen que tenía del colectivo ecologista ha cambiado por su actuación en el asunto del Fondo de Barril. De hecho, considera que “la nueva Verdemar” está llevando este asunto de manera “sesgada y sectaria”.

Recordó el alcalde que a principios del verano de 2019, Verdemar denunció los trabajos que se estaban realizando para la construcción del Fondo de Barril ante la Fiscalía de Área de Algeciras. Dicho órgano judicial ha realizado diligencias previas, un proceso en el que no se ha tomado declaración al regidor sanroqueño, aunque técnicos municipales sí han aportado la documentación que se les había solicitado.

Fiscalía ha trasladado el asunto al Juzgado Mixto Número 1 de San Roque, y el pasado 21 de marzo Verdemar se ha ratificado en su querella contra Ruiz Boix (no contra el Ayuntamiento como administración), y ha eliminado a la Junta de Andalucía de la denuncia. Además, aunque sí se mantiene al Grupo CEPSA como entidad, no aparece el nombre de ninguna de las personas responsables de la empresa.

Apuntó el primer edil que, en un primer momento, comprendía que figurara él en la denuncia porque Verdemar podría estar buscando “alguna cuestión que no se había realizado con respeto a la Ley (por parte del Consistorio). Tengo que decir -sostuvo- que el trabajo de los técnicos y abogados del Ayuntamiento ha sido impecable. No hay ninguna duda en los expedientes tramitados en referencia al Fondo de Barril. Tengo la tranquilidad de que cualquiera de las denuncias que se han planteado no llevan a ningún fin”.

Para Ruiz Boix, “Verdemar tiene tintes políticos cuando en la querella del 21 de marzo de este mismo año desaparece por arte de magia de entre los denunciados la Junta de Andalucía, una administración gobernada por el PP, que por cierto su Consejo de Gobierno ha decidido catalogar el proyecto de Fondo de Barril como de carácter estratégico de Andalucía. Y aún así, la nueva Verdemar, sesgada y sectaria y con el único reto de separar a este alcalde de la política, elimina cualquier tipo de denuncia contra la Junta”.

“Una Junta -ironizó- que imagino que tendría problemas de visión, de ceguera”, ya que en una visita de un agente de la Consejería de Medio Ambiente realizada el 21 de agosto de 2019 (poco después de que Verdemar denunciara los hechos), dicho técnico autonómico concluía en su escrito que “en las localizaciones de futuras unidades del proyecto de Fondo de Barril no hay actividad ninguna”.

El alcalde dijo que, sabiendo que Verdemar ha tenido acceso a dicho escrito, “sorprende” que haya sacado de su denuncia a la Junta de Andalucía y, sin embargo, le mantenga a él. Sobre todo cuando pocos días después hubo una visita de técnicos municipales que observaron “excesos de obra por encima de la licencia”.

Tras esta inspección se abrió un periodo de alegaciones para motivar los excesos de obra, y el Grupo CEPSA, como empresa promotora, argumentó que se debían a cuestiones de seguridad. Sin embargo, los trabajos fueron paralizados por el Ayuntamiento “porque no estaban avalados por las licencias” concedidas en su día.

“Creo -sostuvo Ruiz Boix- que la actuación del Ayuntamiento sigue siendo más que correcta, ajustada a la legalidad”. Mientras, dijo, “la nueva Verdemar” se comporta como “una organización sectaria, que es capaz de valorar antes que un juez esos supuestos hechos, y ya elimina a una administración (la Junta de Andalucía) de la supuesta actividad ilícita que pudiese haber. Me sorprende”.

El regidor sanroqueño también se refirió a las “presiones” que está recibiendo de “agentes sociales y económicos y distintas administraciones que no tienen que participar en las decisiones, y son libres de opinar si la inversión es buena o mala”. En cualquier caso, señaló que él será el responsable de “tomar una decisión, con informes técnicos y jurídicos sobre la mesa, sobre la reanudación o no de las obras, la continuación o no de los trámites urbanísticos”.

“Con este expediente -recalcó- solo tenemos que revisar de forma continua todas las actuaciones para que siempre estén dentro de la legislación estatal, autonómica y municipal”.

“Concluyo pidiendo a la nueva Verdemar que explique por qué en los hechos que entienden que son delictivos, penales, ilícitos, sí hay responsabilidad, no en el Ayuntamiento de San Roque, sino de mi persona Y -añadió- ningún tipo de responsabilidad en ninguna persona perteneciente al Grupo CEPSA. O también que ni siquiera aparezca la Junta de Andalucía ni ninguno de sus responsables”, finalizó Ruiz Boix.