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El alcalde reclama a la Junta que valore el informe que le atribuye la competencia de abrir la bocana del Guadiaro

El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, ha reclamado a la Junta de Andalucía que, al menos, haga una valoración técnica del informe de la Abogacía del Estado que atribuye a la Consejería de Desarrollo Sostenible la competencia en el estuario del Guadiaro. El Ayuntamiento ha gastado ya 25.000 euros este verano en abrir la bocana de dicho río para evitar la muerte masiva de peces, y Ruiz Boix cree que la Administración Autonómica habría asumido esta tarea si el problema se ubicara en un municipio gobernado por el PP.

Explicó el primer edil que la empresa municipal Emadesa ha tenido que desembolsar esos 25.000 euros en dos aperturas de la bocana en apenas cuatro semanas, ante el riesgo que corría la fauna y flora del estuario por falta de oxígeno. “Dos veces ya -dijo-, y todavía estamos a mediados de agosto”, a pesar de que dicho espacio natural se incluye en la Red Natura 2000, que es competencia de la Junta de Andalucía.

Recalcó el regidor sanroqueño que ese estuario “tiene un problema estructural desde hace más de diez años, lo que significa que el próximo año vamos a sufrirlo de nuevo (el cierre de la bocana). Su fauna está en peligro, y de la Junta de Andalucía sólo tenemos el rechazo a la hora de actuar. Porque (sus responsables políticos) ni siquiera piden a sus muy competentes técnicos que estudien y valoren un informe de la Abogacía del Estado” de 2017. Dicho informe, que se basó en un estudio que Ruiz Boix calificó de “concienzudo”, establece que la competencia en esta cuestión es autonómica.

Criticó que “el gobierno del cambio mira para otro lado” porque “el problema se sitúa en territorio de San Roque. No ocurriría lo mismo si estuviera en otro municipio gobernado por el Partido Popular, estoy convencido. Únicamente, de manera verbal, ‘palabrean’ para decir que la competencia es de otro y no hacen absolutamente nada”.

En cuanto al déficit de arena en la playa de Sotogrande, el alcalde reclama una solución a cargo de la Demarcación de Costas, dependiente del Gobierno de España. “Lo que no se puede -sostuvo- es mezclar los dos problemas. Sabemos que el sobrante de arena de la bocana del río Guadiaro podría ser una de las soluciones en este caso”, pero recordó el cierre de la bocana es una cuestión de carácter medio ambiental y competencia autonómica.

“La muerte masiva de peces -subrayó- no ha ocurrido en los últimos diez años gracias a la insistencia en buscar una solución por parte de este alcalde y del Gobierno Municipal”. Ruiz Boix recalcó que “esta competencia no es de este Ayuntamiento, por mucho que el señor Sánchez (Daniel, delegado Territorial de Desarrollo Sostenible en la provincia de Cádiz) señale sin ningún tipo de argumento que lo es”.

Añadió que “cada vez” que el delegado de la Administración Autonómica “habla para decir que nos autoriza (a retirar la arena de la bocana), no es así, sino que actuamos de emergencia. No necesitamos ninguna autorización de la Junta de Andalucía, y queremos no que autorice, sino que ejecute sus competencias. Y que no haga siempre lo mismo con San Roque: que se nos obvia, discrimina, castiga y desaparece”.

El alcalde reclamó que, al igual que los responsables de la Junta de Andalucía realizan “visitas continuas” al municipio de Algeciras, “que algún día se trasladen a San Roque para algo que no sea polo o golf, sino cuestiones como los problemas ambientales en la bocana del río Guadiaro”, concluyó.

El pasado 9 de agosto el Ayuntamiento tuvo que acometer la apertura de la boca del río Guadiaro, lo que ya había hecho previamente, el 23 de julio. El taponamiento de la bocana es una cuestión recurrente cada verano por el poco caudal del río, especialmente tras los temporales de levante o cuando sopla viento del sur.

En 2017, la abogacía del Estado, a instancias del Consistorio sanroqueño, emitió un informe en el que señalaba que la competencia era de la Junta de Andalucía, y desde ese momento, no se ha rebatido dicho informe. Además, el paraje se incluye en la Red Natura 2000, que gestiona la Consejería de Desarrollo Sostenible.

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