El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha criticado que la Junta Andalucía haya dejado fuera del refuerzo alimentario a 45 alumnos del municipio que necesitan de esa atención. El alcalde denunció la descoordinación entre distintas Consejerías de la Junta de Andalucía para la obtención de los datos de las familias que pueden acogerse a esta prestación.

El alcalde dice que la Junta perjudica a estas familias por, en primer lugar no recabar los datos de otra Consejería, y en segundo por inventarse un plazo, dejando fuera de las ayudas a familias desfavorecidas.

En concreto el alcalde crítica que la Consejería de Asuntos Sociales no haya preguntado a quien realmente tiene la información, que es la Consejería de Educación, incluso se sorprende, ya que ambas están dirigidas por el mismo partido.

Por ello el alcalde exige a los consejeros de Educación, señor Imbroda, y de Políticas Sociales, la señora Ruiz, que  sumen a las 45 familias sanroqueña que tienen el mismo derecho a recibir ese programa de refuerzo de alimentación infantil igual que el resto de los que ya vienen percibiéndolos. “La dejadez, la desidia y el no compartir datos entre la Delegación de Educación con la Delegación de Políticas Sociales, no puede tener como perjudicados a los alumnos escolares de familias vulnerables, que necesita ese refuerzo de alimentación infantil”.

Ruiz Boix califica como “un nuevo despropósito de la Junta de Andalucía y del gobierno de compartimentos o de Reinos de Taifas en el que forma el Partido Popular con Ciudadanos”. Recuerda el alcalde que “a principios del estado de alarma, y después de dos semanas, pusieron en marcha la entrega de alimentación (desayuno, almuerzo y cena) para los alumnos escolares que están considerados dentro del programa de refuerzo de alimentación infantil (PRAI), del que en San Roque se benefician más de 70 alumnos de colegio donde existían comedores escolares antes del estado de alarma”.

La entrega de dichos alimentos a las algo más de 70 familias que finalmente admitieron  se viene coordinando con las delegaciones municipales de servicios sociales y con Protección Civil. “Más tarde quisieron incorporar, creo que con acierto, a alumnos que estén bonificados en los comedores escolares, es decir ampliar a un mayor número de alumnos que sus familias tengan dificultades económicas, e incluso alumnos de familias que anteriormente no tenían dificultades pero que ahora con la situación de la crisis  del coronavirus, que afecta a tantas familias también por despidos,  se podrían sumar nuevas familias”, explica.

La cuestión es que “en vez de hacerlo directamente con toda la información que la propia Junta de Andalucía tiene de quiénes son los alumnos que están en los comedores escolares bonificados, que controla la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, esa información nos la pide la Consejería de Políticas Sociales a los Ayuntamientos, que no tenemos acceso a la información por la ley de protección de datos, y que tenemos que conseguirla y tratar de difundir entre las familias que sabemos vulnerables y que tienen dificultades”.

Finalmente esta tarea “se consigue en un plazo récord  preguntándole a las familias y son un total de algo más de 45 familias las que quieren acogerse a ese refuerzo alimentario para los escolares, pero cuando lo trasladamos nos dicen que no es esa la fórmula y que hagamos otra fórmula distinta”.

Explica el alcalde que “cuando se está elaborando esa fórmula distinta con nuevas consultas a cada una de las familias para que sepan que se van a poder sumar a este servicio que quiere poner la Junta de Andalucía, se entrega toda la documentación y se inventan un plazo que nadie había advertido con anterioridad, y esas 45 familias se quedan fuera de la ayuda”.